| Autor: El PaÃs (Uruguay) | 22-11-2014
Allanamiento a firma de Cristina Kirchner enfureció al gobierno
Desde afuera nos ven asÃ
Golpismo activo, sediciosos, ataque sistemático y despiadado, persecución polÃtica, hostigamiento, operación mediática. Asà calificó el gobierno argentino el allanamiento que dispuso la Justicia a una empresa de la presidenta Cristina Fernández.
Cuando la Policía abrió la puerta de la oficina del cuarto piso de Lavalle 975, sobre la peatonal, a metros de la avenida 9 de Julio, no había nadie. Solo había un departamento vacío. Sin embargo, el lugar fue declarado oficialmente como la sede de Hotesur, la empresa donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es accionista y que administra Alto Calafate, uno de sus hoteles. Esa oficina donde debía funcionar la compañía de la mandataria fue allanada ayer por el juez federal Claudio Bonadio, quien también allanó la Inspección General de Justicia (IGJ) para pedir los legajos originales de esa empresa. Además le solicitó información a la AFIP sobre sus declaraciones de impuestos.
El juez Bonadio investiga anomalías registrales en Hotesur y la falta de presentación de balances de la empresa. Pero además investiga la hipótesis del lavado de dinero, dado que la firma acordó alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Lázaro Báez, el empresario ultra kirchnerista, durante dos años, estén o no ocupadas, reveló La Nación el año pasado.
La acción judicial sobre la empresa de la que la mandataria declaró tener acciones por 9.367.528,85 de pesos (argentinos) responde a una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, basada en una investigación del programa Periodismo Para Todos, del periodista Jorge Lanata, que señaló irregularidades registrales en la firma.
En concreto, se denunció que la sede de la empresa era una oficina vacía y que la firma no presenta balances desde hace años ante la IGJ, organismo público que depende del Ministerio de Justicia y que se encarga de registrar y controlar a las empresas.
Bonadio comprobó el jueves, al menos parcialmente, parte de la denuncia: en la sede declarada en las oficinas de Lavalle al 900 no funcionaba nada. Sí encontró que debajo de la puerta había correspondencia comercial dirigida a la empresa que administra el hotel Alto Calafate, de esa ciudad santacruceña.
La Nación ya había publicado el 19 de diciembre de 2013 que la IGJ protegía a Hotesur, porque no se la había sancionado a pesar de que adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus directores incumplen la normativa contra el lavado de activos que dictó la IGJ, que obliga a detallar si algunos de ellos son "personas políticamente expuestas" (PEP).