La seguridad y la visión de la cámara

Cámara Argentina de Seguridad y empresas de investigación

Visto ello desde la seguridad ciudadana, entiendo que la discusión no es novedosa, pero a la hora de la verdad, cobra vigencia recurrentemente, y sea por la realidad delictiva, la insistente crónica diaria o la omisión funcional, lo cierto es que el tejido social está vulnerado una y otra vez, con lo cual lo que podría haber sido una sensación virtual hoy es una consecuencia real.
Aquella ciudadanía, legítimamente, busca refugiarse de alguna manera y ante ciertos vacíos generadores de inseguridad, encuentran una primer contención en el agrupamiento comunitario que les permite intercambiar ideas y tomar decisiones.
Sin embargo no siempre ello alcanza y es ahí donde la seguridad privada juega un importante rol funcional, como colaborador de todo Estado moderno que se precie. Ese espacio tan real como legal, habría que revalorarlo y no castigarlo sistemáticamente, por cuanto en todo caso, viene a complementar una tarea que la autoridad competente necesita y se permite ceder, sin delegar, reteniendo para sí el exclusivo y excluyente monopolio de la responsabilidad en la materia. Lo contrario, sería privatizar la inseguridad, lo cual no se compadece con los principios constitucionales y democráticos del país.
Para ello, el Estado cuenta con las herramientas de control necesarias, que por cierto son muchas y derivadas de las leyes respectivas. En mas, no debe haber actividad más fiscalizada que el de la seguridad privada, aunque desde la ignorancia muchas aún crean lo contrario. En la Argentina, unas 1400 empresas formales, generan unos 150.000 puestos de trabajo, que en nuestro caso se han sabido mantener e incrementar en el crecimiento medio de América, lo que le valió a través de CAESI. la única Cámara Nacional, ser elegida para presidir la Federación Panamericana de Seguridad Privada – FEPASEP.- y la Dirección de la Federación de Cámaras Empresarias del Mercosur – FESESUR.-rnSin embargo, no podemos mirar en forma parcial o indiferente la realidad y en una evaluación de la actividad, se advierte que los requerimientos han ampliado el espectro de usuarios, los que como decíamos al principio, hoy responden a sectores sociales medios, nucleados en zonas barriales externas a countries o urbanizaciones similares.
En ello podemos decir que el mayor crecimiento se ha dado en la seguridad electrónica, sector al que se le demandan equipamientos como centrales de alarma comunitaria; alarmas perimetrales, tanto familiares como vecinales; oficinas de importancia e incluso a ciertos municipios, que en casos puntuales, están generando nuevas medidas de prevención.
A este fenómeno de auto protección se llega también en paralelo, al incremento de vehículos blindados, sistemas de alarmas, enrejados de plazas y viviendas, a la por ahora mas intención que realidad, de mejorar la iluminación en determinadas áreas y por supuesto, a la custodia de valores y mercaderías en tránsito, rubro que también viene siendo demandado, no solo por los hechos delictivos, sino por los altos costos de los seguros específicos para este tipo de coberturas.
Los indicadores también dan cuenta de un importante incremento, para un selecto y reservado núcleo, de micro chips personales de seguimiento satelital. GPS.
Esta idea de aporte, amerita expresar que también la seguridad física ha visto incrementadas sus prestaciones, con la particularidad de que en este caso, las demandas se centran según las características de la zona analizada. Por ejemplo, en áreas urbanas de la ciudad de Buenos Aires y céntricas de capitales provinciales, los requerimientos responden a usuarios de consorcios de propietarios de edificios. En las zonas comerciales se priorizan agencias de automotores de alta gama y supermercados. En zonas más apartadas a estaciones de servicios y parques industriales.
Por lo demás y en general, se mantienen las prestaciones específicas en sectores bancarios y hoteleros, por mencionar algunos ejemplos, pudiendo considerarse también requerimientos de zonas rurales, hasta ahora muy limitadas.
En este sentido, debemos considerar que el delito es mutante y caprichosamente discontinuado luego de varios hechos. Es decir, que recurrentemente observamos que por períodos se dan asaltos a líneas de cajas bancarias. Luego se dan en restaurantes. En otros casos a casas y departamentos. Otras a escribanías, farmacias u oficinas. Etc.
De hecho también hay constantes que se mantienen, evidentemente por el alto margen de impunidad. Por ejemplo a vehículos particulares; taxis; camiones; comercios minoristas; peatones, etc. De hecho en estas elecciones juegan aspectos relacionados a delitos organizados o delitos ocasionales.
Tal vez alguien pueda entender que estas cuestiones son producto de alguna paranoia real o figurada, cuestión que no está en mi ni en la Cámara que presido analizar en este caso. Pero por descartada cualquier interpretación al respecto, lo cierto es que hay casos en que la inseguridad, legítima y globalmente combatida por aquellos medios públicos o privados, encuentran también oportunistas que especulan con los miedos y las necesidades, propiciando un desordenado, imprudente y fraudulento despliegue de garitas en la vía pública, que en términos de seguridad no significan más que dudas, generando a través de la ilegalidad, un millonario negocio y una enorme responsabilidad solidaria en sus contratantes.
Lamentable es tener que imaginar que esas más de 2.500 garitas ilegales relevadas por CAESI y el propio sindicado del sector UPSRA., son explotadas por punteros políticos o afines y de alguna manera consentidas en su ocupación del espacio público por ciertas intendencias. Ellas no solo escapan al control de las autoridades de fiscalización de la Seguridad Privada de la jurisdicción provincial, sino que atentan contra la imagen y la seriedad de los servicios seriamente prestados por idóneas empresas habilitadas.
Nadie duda de los altos costos que implica la seguridad en general, tanto sea para el Estado como para los usuarios particulares, por eso entiendo que este es el momento de generar condiciones de integración, de colaboración de lo privado con lo público, situación de alguna manera prevista en las leyes regulatorias. Esa colaboración, protocolos mediante, generaría una colaboración que impulsaría un 20 % más de RRHH. a través de las prestaciones en objetivos con visual externa, que de detectar delitos podrían informar de inmediato a los servicios policiales mediante pulsadores o equipos similares y otro 12 % de su parque automotor con los vehículos de supervisión. Con estas cooperaciones, la seguridad privada dejaría de ser vista como un privilegio para algunos. Solo es cuestión de instrumentarlas con responsabilidad y criterio, como ya se hace en varios países de Europa, Colombia, Chile y en gran medida Brasil.
Solo en España en el 2011, las cooperaciones alcanzaron a 28.900 avisos, con una efectividad del 12 % y una aproximación del 18 %. Proyectado al resto de Europa la experiencia se estima como muy positiva en los análisis internacionales de seguridad.
Para finalizar debo decir que en estimación panamericana, el costo de la inseguridad alcanzaría a unos dos billones de dólares año, lo que no es una cifra menor y que en gran parte surge de las liquidaciones de las compañías aseguradoras y otras fuentes de denuncia y estimación.
Esto dio lugar al concepto que indica que si la seguridad es cara, espera a saber cuánto más cara es la inseguridad.