La cárcel es para los pobres

La marginalidad y la exclusión profundizan las condenas de los jóvenes de bajos recursos

El caso volvió a poner en evidencia cómo miles de jóvenes son condicionados, por situaciones sociales o familiares, a convivir con entramados delictivos en los que suelen ser el último eslabón de una cadena y, al mismo tiempo, los primeros en ser alcanzados por el sistema penitenciario.

En ese marco, la titular de la Fiscalía Correccional N°4, Cristina Caamaño, aseguró en diálogo con Télam que hoy la población carcelaria "está compuesta por los hijos de la década del '90" y señaló que los jóvenes privados de su libertad "son pibes que mamaron la violencia del neoliberalismo y del Estado".

Este dato es reafirmado por un estudio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero que, a partir de una encuesta a presos en cárceles federales y bonaerenses, evidencia que en la actualidad el 57% de la población carcelaria está compuesta por jóvenes de bajos recursos menores de 32 años.

Sin embargo, los resultados de la investigación reflejan que la relación entre pobreza y juventud con delitos es mucho más compleja que la manera que se presenta mediática y socialmente.

El trabajo elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la UNTreF concluye que factores como el entorno familiar en el que se desarrollaron los jóvenes, la convivencia en hogares donde se sufría la violencia doméstica o en un entorno familiar con casos de encarcelamiento, entre otros elementos, reflejan una importante incidencia en los modos o formas delictivas, y ayudan a entender por qué una persona puede tener más o menos probabilidades de cometer un delito.

Para la Defensora Oficial de la provincia de Buenos Aires, María Fernanda Mestrin, un elemento que no suele ser considerado a la hora de analizar la realidad carcelaria es el trato que el propio sistema judicial le da a los jóvenes una vez que son detenidos.

En este sentido, explicó que la mayor parte de las personas privadas de su libertad son jóvenes que provienen de los sectores de bajos recursos, con un reducido acceso a la escolaridad, con trabajos precarizados y baja posibilidad de acceder a sus derechos y que "al ser detenidos, reciben otro mazazo que es una reducción aún mayor de sus derechos".

Mestrin disiente con los resultados sobre índices de reincidencia del trabajo de la UNTreF, que afirman que el 46% de los detenidos reinciden delictivamente, y aseguró que los números de repetición de hechos entre delitos graves y menores "son muy diferentes".

Sin embargo, para la funcionaria judicial la principal causa de reincidencia se encuentra dentro de los establecimientos carcelarios producto de "un sistema de gobierno penitenciario que sojuzga de manera clara los márgenes del acceso al derecho de los detenidos".

"Este sistema de gobierno penitenciario es el que garantiza y promueve la reincidencia de los condenados, no solamente no lo condena sino que funciona como un promotor de esta repetición", señaló la defensora a Télam, a la vez que propone como solución posible a la "autonomía penitenciaria" la práctica del "activismo judicial como modo de ejercer la función pública".

En tanto, Caamaño, si bien reconoció que si a "un muchacho le enseñás que su vida no vale, es probable que considere que la vida de otro tampoco vale" cuestionó la visibilización mediática que tienen los crímenes cometidos por "pibes chorros".

"No sólo los sectores bajos cometen delitos" sostuvo en rechazo a la tesis que vincula pobreza y delito, "lo que pasa es que cuando alguien compra un terreno, hace un pozo y vende los departamentos a 500 personas y después desaparece, está afectando a mucha más gentes que cualquier delito menor, y sin embargo, no consideran que está cometiendo un acto violento".

También Mestrin coincidió en este punto con la fiscal, señalando que la relación no es entre delito y pobreza, sino entre delito atrapado y pobreza, dado que "el perseguido siempre es un tipo pobre" y cuestionó la "normalización" de otro delitos más generalizados.

"Los delitos de vaciamiento de empresas públicas que hemos vivido durante nuestra adolescencia, desplegados por las políticas neoliberales, no tienen ni un sólo condenado", ejemplificó y aseguró que "la lucha de fondo, es dotar a nuestro jóvenes de derechos, no en condenas que se aplican sin un objetivo claro que no le mejoran la vida a nadie".