EDITORIAL | Autor: Redacción | 13-01-2015
Paren un poco, muchachos
Todo acto es polÃtico
Mientras Mar del Plata se rostiza vuelta y vuelta con polÃticos que pugnan por ser simpáticos y el resto de la escena polÃtica se saca fotos, baila en algún lado, se casa y se descasa para las revistas o se convierte en referentes de la denuncia en vez de la polÃtica, vemos como toda ocasión de manifestar un acto de gobierno se transforma en un acto polÃtico que alimenta la usina de información oficialista para luego repartirse, a discreción, por los distintos medios.
En uno de los mayores gestos de hipocresía que se recuerden desde la restauración de la democracia en 1983, el actual Gobierno nacional sigue atacando a los medios de comunicación independientes, acusándolos de tergiversar la realidad y haciéndolos responsables de los problemas reales que hay en el país.
Una muestra de esta campaña de amenazas e infamias es la resolución administrativa, de corte autoritario, de intimar a las consultoras privadas a no dar a conocer estadísticas sobre la inflación. Evidencia la prepotencia oficial, inaceptable por el derecho constitucional de expresar libremente las ideas. Si el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no hubiera sido tan desprestigiado en su actuar por este Gobierno, los números de las consultoras privadas tendrían una relativa importancia.
El rechazo a tamaño desvarío parte ante todo de la sociedad, que sabe, mejor que nadie, que una suba de precios permanente devora los aumentos salariales, aplasta a la clase media y genera más pobreza, marginalidad e inseguridad. Es el Congreso Nacional, en la plenitud de sus facultades, el que debe debatir y resolver esta cuestión, que hace a la esencia de la democracia, sin depender de los humores de un burócrata que ocupa una secretaría de un ministerio.
Pero hay algo positivo en esta controversia, que a veces se tiñe de violencia simbólica o verbal e insinúa, en forma soterrada, otros tipos de violencia. Lo destacable es que el Gobierno ya no habla de “monopolio informativo”, en referencia a los diarios o medios de comunicación independientes. Y no lo hace porque el verdadero monopolio informativo lo está ejerciendo el propio Gobierno, a través del manejo descarado de la publicidad oficial.
Lo ejerce, también, porque se adueñó de los medios del Estado para expresar, con objetivos proselitistas, una voz y un relato únicos, descalificantes de quienes se atreven a disentir.
La ley electoral –sancionada a instancias del kirchnerismo– prohíbe a los partidos políticos difundir avisos electorales en radio y televisión, que son pagos y caros, pero permite a la Presidenta hacer publicidad –en realidad, propaganda política– cuantas veces quiera, mediante el abuso de los mensajes por la cadena nacional de radio y televisión.
Otro ejemplo del monopolio informativo gubernamental es la abusiva y a veces intolerante publicidad oficial en el programa Fútbol para Todos , que rechaza avisos de empresas privadas y de sectores sociales, para ensalzar hasta el cansancio las obras públicas y planes oficiales.
Todo esto agravado por la multiplicación de medios afines, cuyos programas y contenidos incluyen la mayor parte de la abusiva propaganda proselitista, que no parece reconocer límites y que se financia con recursos de todos los argentinos y con total discrecionalidad.
