EDITORIAL | Autor: Redacción | 18-12-2015
Es muy pronto
Deserción
Donde manda capitán no manda marinero. El marinero agarró sus petates y lo dejó, al capitán, sumido en la diatriba shakespeariana de "ser o no ser". La polÃtica tiene estas cosas. Los ajustes en las distintas secretarÃas de la municipalidad, las purgas a los que hicieron su trabajo bajo otra gestión y las revanchas, expresadas desde las redes sociales hasta las mesas de entrada de los diferentes despachos, condicionan a una gestión nueva, a siete dÃas de su asunción.
Reproducir parte de la nota de nuestros colegas de Radio Brisas tal vez nos permita entender la punta de un iceberg que amenaza al barco de este gobierno. Ya pagó el primer precio el abogado Razona. Pero en el barco viajamos todos y ahí nos damos cuenta que llevamos menos salvavidas que personas a bordo.
El abogado Julio Razona contó en Radio Brisas los gravísimos motivos que lo llevaron a renunciar a la titularidad de la secretaría de Seguridad del Municipio a tan sólo cinco días de haber asumido el cargo. “Denuncié todos los hechos de corrupción que me encontré pero me dieron la espalda y me dejaron solo”, dijo, y resaltó que “estamos hablando de millones y millones de pesos de negociados que se necesitan para la seguridad y no para el beneficio de unos pocos”. Ingrese para conocer todos los detalles de la denuncia pública.
“No podía seguir trabajando con este panorama”, fue su lacónico mensaje. En este marco, Razona explicó cómo fue el proceso que transitó para llegar a presentar su renuncia. “Realmente me quedé solo y sin el apoyo político indispensable para poder cumplir con mi función. Este puesto de secretario de Seguridad es ejecutivo, donde se establecen las pautas de implementación para la Policía local y Provincial y todo lo que son recursos y logística. Pero empecé a hacer una auditoria privada y me encontré con hechos de corrupción enormes”, dijo.
Y añadió que “de inmediato pedí que hagan una auditoria desde el Municipio para corroborar mis afirmaciones, pero no me escucharon y por encima me dijeron que tenían que prescindir de mis colaboradores por motivos sin justificación. El intendente Carlos Arroyo me dijo que Alejandra Rubianes, directora de Políticas de Seguridad, había dicho que hubo defraudaciones por más de 100 millones de pesos en mi área, y que no podía seguir. Está claro que no podía aceptar esto porque ese dinero es producto de la corrupción”.
“Lamentablemente no tuve tiempo para seguir investigando. Además, me di cuenta que tenía que irme cuando Arroyo me atendió dos horas después de haberme presentado en su despacho. Lo que ocurre es que tanto el secretario de Seguridad como el de Salud tienen prioridad para ver al intendente porque trabajan con temas de urgencia. Además, yo tenía que tener contacto con el ministro de Seguridad de la Provincia y el Intendente viajó a reunirse con él pero no me dijo nada. Me enteré por la prensa. Fueron motivos más que evidentes”, aseguró.
“Me abandonaron y me tuve que ir”
En este contexto, Razona manifestó que “después de presentar todo este panorama, me abandonaron. Me dejaron solo y expuesto. Tanto el Intendente Municipal como su equipo. Si bien posteriormente Arroyo me pidió que me quede pero con otro equipo de trabajo, entendí que se trata de cuestiones muy sensibles que no podía permitir. En este corto tiempo trabajé 15 horas por día y tengo claro que cumplí con mi trabajo. El resto no depende de mi”.
Hechos de corrupción denunciados
“En una semana observé, por ejemplo, que el edificio del Centro de Operaciones y Monitoreo se alquiló por 10 años a una persona que no es el titular del inmueble. Además, comprobé y anulé 54 millones de pesos para la empresa Prosegur para que durante 8 meses pusiesen personal para mirar las cámaras de seguridad. Yo tendría que haber avalado estos contratos en mi gestión, pero no lo hice, porque si bien los cerró el Gobierno Municipal anterior, no podía avalar esa barbaridad”, dijo.
Y añadió que “para que entienda esta irregularidad, siempre se cuentan las cámaras pero no los puntos de observación, porque casi todos tienen tres cámaras. Si hay 600 cámaras, hay 250 puntos de observación, por lo que el número de contratados se reduce. Y ahí está el hecho de corrupción, porque se iba a contratar personal de Prosegur por la cantidad de cámaras y no de puestos. Además, cada observador iba a ganar 30 mil pesos por mes por 6 horas de trabajo, con 40 minutos de trabajo por hora y 20 de descanso”.
“En otro orden de estos hechos gravísimos, también se alquilaron baños químicos para el personal de la Policía Local para ponerlos en un predio donde ya había baños y vestuarios a estrenar. Además, donde está en EMVIAL se le pagaba un sueldo extraordinario a un policía para cuidar un lugar donde hay ya hay 1050 policías armados”, indicó.
Y detalló que “se estaban pagando unos 13 millones y medios de pesos para el transporte de la Policía Local a su lugar de trabajo. También me dijeron que tenía 5 camionetas nuevas para mi secretaría, pero las negué porque los funcionarios no necesitan camionetas nuevas, lo que se necesitan son ambulancias para las calles”.