EDITORIAL | Autor: redacción | 17-09-2016
Más de 1300 chicos presos
Atraso en la ligislación
Según una investigación seria de Télam, al menos 1300 chicos están privados de libertad en el paÃs. El Defensor del Niño, a la espera de una respuesta judicial que obligue al Congreso a designarlo. Mientras tanto, el riesgo de cumplir 18 y ser trasladados a una cárcel de adultos es una amenaza que menoscaba derechos y condena a personas antes de ser adultos. Según la mirada de los especialistas hay legisladores y expertos en derechos humanos que expresan que la situación es insostenible.
Mientras las tapas de los diarios están inundadas de la audiencia por la tarifas el mundo sigue. En nuestro país, al menos 1300 adolescentes están privados de su libertad en unidades, comisarías de menores e institutos para jóvenes "en conflicto con la ley" de todo el país, en una coyuntura arrastrada durante décadas, que muestra pocos avances en términos de derechos para esa población de niños, la vigencia de regímenes punitivos y la falta de estadísticas confiables.
Argentina carga con dos realidades nefastas: es el único país de Latinoamérica que carece de un régimen de responsabilidad penal juvenil acorde con la Convención de los Derechos del Niño y mantiene vigente un decreto-ley de la última dictadura militar que no garantiza el estado de derecho para los niños y adolescentes en conflicto con la ley.
A esto se suma que no existen estadísticas fidedignas sobre la cantidad de chicos privados de su libertad en el país y, mientras registros oficiales a los que accedió Télam, contabilizan 1305 adolescentes en los 24 distritos, Unicef había detectado hasta diciembre del año pasado unos 2.915 niños en programas de "supervisión en territorio", otros 871 en unidades de privación absoluta de libertad y 122 en establecimientos de restricción de libertad.
La coordinadora del Equipo de Trabajo de Niños, Adolescentes y Jóvenes privados de Libertad de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), Marina Chiantaretto, aseguró a Télam que "no hay datos fiables ni actualizados" y que "no existe claridad en los números" porque los informes varían según los organismos que los difunden y según comprenden la situación tutelar o de conflicto con la ley de los adolescentes.
Si bien ambos temas son importantes, no se observa una urgencia de la sociedad por resolver este último. Una sociedad que no proteje a sus niños está condenada a desaparecer, aunque pague el gas a precios razonables.
